Según declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante la inauguración de un seminario sobre el nuevo Reglamento comunitario de sucesiones transfronterizas, este documento permite certificar la condición de heredero o legatario en cualquier país de la UE. Otra manifestación del fortalecimiento de la función notarial en materia sucesoria es el nuevo Reglamento comunitario sobre sucesiones transfronterizas, que desde su entrada en vigor el pasado 17 de agosto contribuye con paso firme hacia en la construcción del espacio único de justicia. La función notarial juega un papel clave en la planificación y desarrollo de la sucesión comunitaria”, apuntó el notario mayor del reino. Catalá recordó que este año se celebran dos efemérides como “el 30ª aniversario del ingreso de España en la UE y el 60ª aniversario de la incorporación de nuestro país a la ONU. Dos manifestaciones de como España trabaja en un ordenamiento jurídico compartido y el vínculo europeo e internacional de nuestro país. Actualmente nos encontramos en un contexto regional en que el Derecho es europeo y que deben utilizar cotidianamente todos los operadores. Parafraseando a Jean Monnet, uno de los padres de la actual identidad comunitaria, el objetivo no es construir una Unión Europea para coaligar a los estados, sino para unir a las personas. Los ciudadanos tenemos problemas comunes, a pesar de las singularidades de las culturas jurídicas. La construcción europea es responsabilidad de todos”. Una de las figuras que incorpora el nuevo reglamento de sucesiones es el certificado sucesorio, “coloquialmente denominado como ‘un pasaporte’ que hace posible acreditar la condición de heredero o legatario sin tener que tramitar ningún otro procedimiento”. La decisión del Gobierno de encomendar a los notarios –junto a los jueces- la expedición de este documento entronca con la tradición española de resolver notarialmente las cuestiones hereditarias. La capacidad de servicio notarial ha permitido al gobierno tomar esta decisión reconociendo el valor del documento público como pieza clave –junto a la publicidad registral- de nuestro sistema de seguridad jurídica preventiva ”.
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